El Tribunal de Cuentas de la provincia formuló el 8 de septiembre pasado la Observación Legal N° 0006/16, que cuestiona la decisión del gobierno provincial de adjudicarle sin licitación trabajos por 22 millones de pesos del Acueducto Desvío Arijón a la UTE que está ejecutando la obra madre.
Se trata de una decisión tomada en los días finales de la administración de Antonio Bonfatti, el 19 de noviembre de 2015. Allí, el ex gobernador firmó el decreto N° 4123 mediante el cual otorgó en forma directa las obras complementarias de la “Construcción Acueducto Norte I – Departamento La Capital – Departamento San Jerónimo” al contratista principal por $ 22.319.245,99.
La firma del decisorio fue casi simultánea con la inauguración oficial. Unos días después, ya en diciembre, el gobierno provincial anunció que esta obra, que involucró una inversión superior a los 500 millones de pesos, estaba lista para suministrar agua potable a Desvío Arijón, Sauce Viejo y Santo Tomé. En una segunda etapa, para la cual se pidió un préstamo de U$S 80 millones al Fondo Abu Dhabi, se prevé extender el servicio a Matilde, Sa Pereyra, Angélica, Susana, Sunchales, Rafaela y San Carlos.
La ejecutora de la obra es una Unión Transitoria de Empresas del sur de la provincia. La integran Brajkovic Construcciones SAI de la ciudad de San Lorenzo, Semac Construcciones SA de Rosario y la también rosarina Pecam SA, compañía que suele ganar licitaciones de la talla del nuevo Hospital Iturraspe de Santa Fe y que, además, integra la sociedad controlante de la concesión de la autopista “Brigadier General Estanislao López”.
Según el Tribunal de Cuentas, “esta obra fue considerada como parte de una segunda etapa a licitar y por consiguiente no fue prevista en el contrato original”, con lo cual “la obra puede separarse técnica y económicamente del contrato primitivo sin causar inconvenientes mayores a la Administración” ya que “se trataría de una obra nueva que, en función del monto que demanda la misma, debería ser licitada tal cual lo establece la normativa vigente”.
Además, el órgano de control externo de los dineros públicos de la provincia advirtió sobre “la falta de elementos técnicos suficientes que permitan concluir que las obras son indispensables como complementarias o ampliatorias de las obras en curso de ejecución”.
Es importante aclarar algo: a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional con la Auditoría General, aquí el Tribunal de Cuentas no está conducido por la oposición. Más bien lo contrario: los cinco vocales fueron designados a propuesta de los gobiernos de Hermes Binner y Antonio Bonfatti y, de hecho, algunos de ellos fueron funcionarios en esas administraciones.
INSISTENCIA
Ante esta situación, el 15 de septiembre pasado, Lifschitz decidió firmar el decreto N° 2359, que dispone la ratificación de lo actuado por su antecesor. Una observación legal del Tribunal de Cuentas suspende la aplicación del acto administrativo (en este caso, la adjudicación directa de la obra), pero el gobernador tiene la facultad de “insistir” y volver a poner en vigencia la decisión cuestionada.
Basado en dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Infraestructura y Transporte, y de Fiscalía de Estado, el argumento central del gobierno para desestimar el cuestionamiento del órgano de control es que fue “extemporáneo”. O sea, fuera de tiempo.
Es que la Vocalía Jurisdiccional “B” de la Sala I del Tribunal de Cuentas dejó pasar el plazo previsto de 10 días para un pedido de antecedentes, que forma parte del trámite. El titular de ese cargo, es decir el moroso, es Dalmacio Juan Chavarri: hasta agosto del año pasado fue fiscal de Estado adjunto del gobierno de Antonio Bonfatti.
Por Gustavo Castro para Diario Santa Fe
