Fuente: www.lacapital.com.ar
Eduardo Gallo, Fernando Schneider -responsables de los equipos técnicos de infraestructura y transporte del espacio político que lidera Elisa Carrió- y la referente provincial de ese espacio, Lucila Lehmann, presentaron un recurso de amparo donde se solicita la suspensión del proceso licitatorio de la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe. De la misma manera, se requiere la suspensión del cobro de peaje hasta que se realicen "los estudios centrales, que influyen de manera decisiva sobre el precio de la tarifa".
En declaraciones periodísticas, el abogado Eduardo Gallo, contó que la motivación de la presentación es la defensa de los usuarios, la seguridad vial, y la transparencia de los procesos licitatorios.
Así, el escrito ingresado en el Juzgado Contencioso Administrativo 1ª Circunscrpción del Distrito 1 Santa Fe, plantea la suspensión del proceso licitatorio de la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe, previsto para el 5 de mayo, sustentado en que "se han obviado estudios centrales, que influyen de manera decisiva sobre el precio de la tarifa de los peajes".
Según el letrado, dichos estudios no se han realizado en ninguna de las concesiones viales vigentes en la provincia. "Por eso nosotros pedimos la suspensión del cobro de peaje en toda la provincia hasta que se revea esta situación. En este caso no se hicieron los estudios previos de rentabilidad social. Es decir, se debió estudiar dentro de este rubro el incremento del tránsito, como variable de ajuste de la tarifa, y eso no fue tenido en cuenta", explicó.
Gallo señaló al respecto que frente a una mayor transitabilidad, las empresas concesionarias están obligadas a rever la tarifa, "sino todo lo contrario, ha habido una tarifa in crescendo que no se ve reflejada en el estado de las rutas".
Por otro lado, el escrito sostiene que no se especifica en la licitación el índice del estado actual de la autopista. "Es decir, no sabemos en qué estado se encuentra el pavimento, y por lo tanto, tampoco podemos saber en que estado la va a dejar quién tome la concesión", afirmó.
En otro de los puntos del pedido, se plantea que los estados contables de la empresa concesionaria deben ser auditados por una firma contratada por el estado, y no por la propia empresa a cargo de la autopista como expresa el pliego.
