El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, firmó el 17 de mayo la resolución N° 167, mediante la cual más que duplica el costo y el plazo de ejecución de la obra de construcción del Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino, además de aprobar una propuesta de las empresas contratistas de aumentar considerablemente la cantidad de plazas del penal.
Según se puede leer en los considerandos del decisorio, el llamado a licitación de los trabajos se realizó en 2014, con un presupuesto oficial de $250.281.052,98. Ya en 2015, la obra fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Insa S.A. y Ocsa S.A. por $344.701.287,39. El contrato se firmó el 4 de septiembre de ese año.
Tras el aterrizaje de Mauricio Macri en la presidencia, el monto total de la obra se elevó a $509.098.871,09 a abril de 2016, es decir un aumento del 47,69% en apenas medio año, superior a cualquier variación inflacionaria en ese período, aún con la devaluación de diciembre de 2015.
En 2018 se aprobaron redeterminaciones de precios correspondientes a agosto de 2016, noviembre de 2016 y marzo de 2017. La construcción de la cárcel federal de Coronda pasó a costar $ 572.851.826,44.
En abril de este año se firmó un acta entre la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, mediante la cual se ajustaron los valores correspondientes mayo de 2017, julio de 2017, diciembre 2017, marzo 2018 y mayo de 2018. El costo de los trabajos se elevó a $702.475.868,28 y ya llegó al doble del contrato original.
Siempre de acuerdo a la resolución de Frigerio, hasta allí llegan las redeterminaciones de precios, con lo cual no fueron incluidos aún los ajustes del tramo de mayor inflación, es decir desde el inicio de la corrida cambiaria de 2018 hasta aquí.
Lo que sí ocurrió es que la UTE “solicitó la ejecución de obras adicionales”, entre ellas “la modificación de los edificios habitacionales y de la infraestructura general, con el fin de elevar de 192 a 464 la cantidad de plazas penitenciarias en el Centro Federal Penitenciario”. O sea, un incremento del 141% en el número de internos, casi una cárcel y media más. Este agregado, que en la práctica es una obra extra sin licitación alguna, costará $120.643.089,49. En consecuencia, el monto final asciende ahora, con la firma de la resolución de Frigerio, a $ 823.118.957,77. Más del doble que el dinero previsto en el contrato.
Párrafo aparte merecen las postergaciones del fin de obra. Originalmente el plazo de ejecución era de 720 días corridos contados a partir del inicio, que se produjo el 1 de diciembre de 2015, o sea que debía finalizarse el 20 de noviembre de 2017. El año en que concluirían los trabajos se estiró el tiempo hasta el 28 de diciembre de 2018. Luego las contratistas pidieron y lograron un período extra de 82 días más. Finalmente, por la construcción de las nuevas celdas y “hechos no previstos tales como lluvias e incidencias (sic) entre los meses de marzo y diciembre de 2018”, ahora “la nueva fecha de finalización contractual (sería) el 31 de diciembre de 2020”.
Fuente: Diario Santa Fe
