La Cámara de Diputados construyó una sólida mayoría entre el Frente Progresista, el justicialismo, los dos bloques de izquierda y varios legisladores de Juntos por el Cambio para votar un proyecto de ley que habilita el autocultivo de cannabis con fines medicinales en la provincia y en la apertura del debate Agustina Donnet (Igualdad) puso sobre su banca una planta de esa especie que luego fue también exhibida en las bancas por Mónica Peralta (Gen) y Lucila De Ponti (PJ).
Las bancadas de Somos Vida y de Somos Vida y Familia cuestionaron duramente los alcances del proyecto al cual votaron en rechazo. En el medio hubo un fuerte altercado entre Walter Ghione (Somos Vida y Familia) y Peralta. El primero calificó de delito la exhibición de la planta y lo consideró una falta de respeto. Peralta en cambio consideró falta de respeto la actitud del legislador que sacó fotos y las subió a redes con fuertes ataques a las legisladoras mientras exponían en el recinto.
El objetivo del proyecto girado al Senado es autorizar a sembrar, cultivar y guardar cannabis y sus derivados a personas radicadas en la provincia de Santa Fe con recomendación médica para su uso terapéutico y a quienes cultivasen para abastecerles. El texto estipula la creación de un registro de personas autorizadas que servirá de prueba fehaciente del vínculo entre personas pacientes y profesionales tratantes, junto con la necesidad del uso terapéutico del cannabis.
Además, crea el programa “Producción de Cannabis Santafesino para Uso Medicinal” en el ámbito del Ministerio de Salud cuyo objetivo será proteger y mejorar la salud y la calidad de vida de la población mediante la producción y elaboración de medicamentos a base de cannabis y otras formas farmacéuticas derivadas, de acuerdo a las exigencias legales de calidad, seguridad y eficacia requeridos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
A la autoridad de aplicación también se le ordena establecer pautas y protocolos precisos de investigación junto a hospitales públicos, universidades nacionales con sede en la Provincia, ANMAT y el CONICET.
La hora de los fundamentos
Fue Donnet quien abrió el debate, fundamentó el proyecto y valorizó la lucha de madres de hijos con enfermedades que lograron alivio con el uso del aceite derivado del cannabis. “El Estado no puede estar ausente ante la necesidad de evitar que madres puedan enfrentar 15 años de prisión por el cultivo. Es un tema de salud pública”, aseguró. Peralta hizo mención a la desesperación de los padres por obtener el remedio para aliviar a sus hijos. “Otra vez son las madres las que se pusieron al hombro la lucha” señaló De Ponti quien recordó el debate en el Congreso de la Nación donde fue partícipe de la discusión de la ley nacional. A favor se sumaron las voces de Matilde Bruera (PJ) quien consideró que es uno de los debates pendientes y afirmó que el Estado no se puede meter con los actos íntimos de las personas. Desde el socialismo hablaron Erica Hynes, Gisel Mahmud y cerró Pablo Farías quien refutó las críticas de los objetores del proyecto. La primera recordó la tarea realizada por el gobierno anterior para tratar de cumplir la ley provincial para habilitar al LIF trabajar en investigación del uso del cannabis y el rechazo del gobierno nacional macrista a habilitar la llegada de plantas o semillas desde Uruguay. Mahmud consideró necesario “avanzar en una herramienta legal que ayude a las madres y fundamentalmente que desde el Estado se las deje de ver como delincuentes”.
Natalia Armas Belavi (Somos Vida y Familia) contó su experiencia como médica que tiene las dos caras de la moneda: de los que pretenden tener alivio a la salud y los que llegan destruidos por los consumos. Su compañero de bloque, Nicolás Mayoraz hizo la objeción desde el punto de vista jurídico. “La solución no está en este proyecto, sino en la adhesión a la ley nacional y la cesión al LIF de la tarea.
En el debate no estuvo ajeno en los discursos la necesidad de que el Congreso discuta una nueva ley de despenalización de consumos, se habló de la presión de los laboratorios medicinales para que los estudios de efectos de cannabis no prosperen y la persecución por el consumo a sectores de menores recursos que son los que terminan en la cárcel.
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